SERVICIOS DE SALUD. Dolorosa pobreza

Las cifras oficiales son crudas y sentencian: el estado de bienestar es una tarea pendiente. Más de 35 millones de mexicanos están en la indefensión.

Los padres de Jiamen están desesperados. Su hijo está enfermo, pero su situación de pobreza no sólo les impide llevarlo con un médico, sino que también les cierra la posibilidad de la automedicación para combatir el paludismo que mantiene a su niño de seis años postrado a la cama y con las esperanzas desperdigadas.

Ellos, como 50.9% de los habitantes de Chiapas, pertenecen a lo que se conoce como población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, razón por la que derechos básicos como el acceso a los servicios de salud, la seguridad social o los alimentos no son más que promesas y discursos que escuchan constantemente, pero que se cumplen lentamente.

En este contexto, en el futuro de Jiamen sólo existe una certeza: en el peor de los escenarios, la falta de atención y tratamiento médico le llevarían a la muerte.

Ésta es tan sólo una estampa de lo que sucede en uno de los estados más pobres y rezagados de la República Mexicana, donde la salud es sólo una de las aristas que subraya los niveles de pobreza y marginación.

Todos, absolutamente todos, tienen derecho a la salud, por lo menos en lo que al papel y al discurso corresponde, pero en la práctica el acceso a estos servicios aún no alcanza un nivel óptimo, cuando menos necesario, para brindar este derecho humano fundamental a toda la sociedad mexicana, el cual es intrínseco al individuo y en ningún momento opcional o elegible.

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, dicta el Artículo 4 de la Constitución Política de México. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”, apunta el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

No obstante, los resultados presentados hace unos días por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su Medición de la pobreza 2010, revelan que esta obligación del Estado no se cumple del todo, dejando en la indefensión a millones de personas que no pueden, por cuenta propia, acceder a un esquema de servicios de salud.

De acuerdo con los datos del Coneval, en 2010, 46.2% de la población (52 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza con un promedio de 2.5 carencias sociales. Si bien la falta de acceso a la seguridad social es el principal punto de alarma –ya que 60.7% de los mexicanos (68.3 millones) la padecen–, la carencia por acceso a los servicios de salud le sigue en este orden al afectar a 31.8% (35.8 millones).

Si bien se han logrado avances en contra de las carencias sociales (ver tabla) y sin desmeritar el impacto de las acciones gubernamentales –como el Seguro Popular (SP)–, el reto aún es grande, pues la cobertura, según la esencia de este derecho, debería alcanzar al total de la población, sin resquicios ni excepciones.

En este sentido, el Estado ha logrado mejorar la cobertura de la protección a la salud con acciones como el SP, cuya cobertura, según datos de Coneval, se sitúa en 34.3 millones de personas en 2010 –respecto a los 21.2 millones en 2008–, mientras que Salomón Chertorivski Woldenberg, comisionado nacional del SP, ubica la cifra en 49.2 millones a julio de este año –de los 53.1 millones que pretende–.

Esto se suma a los 32.4 millones de afiliados al IMSS, los 7.8 millones del ISSSTE –federal y estatales–, un millón de los registrados en Pemex y las secretarías de Defensa y de Marina, así como al 1.3 millones de población afiliada a otras instituciones, de acuerdo con las cifras del informe sobre pobreza del Coneval.

Es decir, unos 76.8 millones de mexicanos se encuentran afiliados a algún tipo de esquema de salud, por lo que cerca de 35.5 millones –de los 112.3 millones de habitantes en México que reportó el INEGI en su Censo 2010– aún carecen de accesos a los servicios de salud.

Así, la cifra, que si bien ha disminuido, revela que más de 35 millones de personas –entre las que se encontrarían individuos de grupos vulnerables como indígenas, habitantes de zonas rurales, urbanomarginales, mujeres en situación de pobreza, niños y ancianos–, quedan expuestos a las carencias del sistema de salud se encuentran indefensos en caso de enfrentar una situación que ponga en riesgos su salud, ya que no pueden acceder de manera gratuita, y en gran parte ni siquiera empleando el total de sus ingresos, a servicios de salud como consultas médicas, tratamientos ni medicamentos.

“Sin embargo la afiliación no significa, ni mucho menos, tener garantizado el acceso a una gama de servicios y bienes para la salud que el programa promete”, destaca Mariana Pérez, del área de Presupuestos y políticas públicas de la asociación civil Fundar.

“La afiliación implica un derecho a los servicios cubiertos por el seguro, pero si los servicios no están disponibles, es imposible beneficiarlos. Es decir, la afiliación no es suficiente si los servicios no están disponibles o son de mala calidad”, complementa un experto en salud de El Colegio de México que pidió no ser mencionado.

Así, se pone el dedo en la llaga, pese a que la inyección de recursos en el rubro de salud ha aumentado en los últimos años, el mal manejo y la opacidad que envuelve a estos fondos no permite dimensionar el impacto en la mejora del acceso a estos servicios ni a la mejoría en las condiciones de vida de las personas.

En este sentido, y a manera de muestra, Mariana Pérez, de Fundar, destaca un indicador que es reflejo de la desigualdad social y el acceso inequitativo a los servicios de salud: la muerte materna.

De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), de las 1,207 muertes que hubo en 2009, 33.1% era derechohabiente del SP, mientras que 22.6% estaba afiliado al IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar; 33.1% no contaba con ningún tipo de condición de derechohabiencia y sólo 2.7% pertenecían a otro esquema de salud.

Este indicador, entonces, muestra que el poco impacto del SP, siendo que este programa tiene como propósito “otorgar atención gratuita a todas las mujeres embarazadas afiliadas, antes, durante y después del parto”. En fin, éste es el botón de muestra que cuestiona cómo se optimizan los recursos existentes.

Bajo la lupa de los expertos, se considera que los regímenes estatales de salud no están en condiciones de administrar de manera adecuada los recursos que reciben de la Federación para el rubro de salud, pues además de no optimizarse el uso de estos dineros, es común la fuga de recursos, por ejemplo, en la compra de medicamentos, los cuales se adquieren por encima del precio de referencia generando un desperdicio de recursos que podrían aprovecharse para subsanar las carencias del sistema de salud –que dicho de paso, según los expertos, se encuentra actualmente rebasado en infraestructura, capacidad, recursos humanos y abasto de medicamentos–.

Por ello, es prioritario que autoridades en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo los locales, revisen y trabajen tanto en la asignación como en la aplicación de recursos destinados a la salud; mientras que la sociedad en general deberá estar más pendiente y vigilante de la ejecución de los fondos ante los incentivos existentes para la opacidad y el mal manejo de recursos en los estados, donde no hay mecanismos de control y vigilancia, y los recursos pueden ser utilizados de una manera distinta a la etiquetada.

Sobre todo en una coyuntura como la actual, ya que dos factores podrían desempeñar un rol fundamental en el acceso a servicios.

Por un lado, una posible crisis financiera en EU que impactaría al resto del mundo, México incluido, que afectará la asignación de recursos en este rubro, ya que está comprobado que un entorno económico adverso reduce el gasto en salud, tanto de parte del Estado como de los propios ciudadanos, quienes desatienden éste para satisfacer otras necesidades básicas, como la alimentaria.

El segundo, la coyuntura político electoral que vivirá México el próximo año –la cual ya se resiente actualmente–, pues no sorprende que en tiempos de urnas los recursos sean utilizados con fines electorales y no en los términos en los que fueron etiquetados.

“Hay que estar muy atentos y vigilantes de la negociación presupuestaria y de cómo se asignan los recursos, y una vez empezado 2011 vigilar cómo es que se están ocupando, ya en tiempos electorales pueden ser utilizados de otra forma”, apunta Mariana Pérez.

En fin, sin desdeñar los esfuerzos del Estado, porque sí hay resultados y cuestiones positivas, será necesario, sobre todo en un país con tantas desigualdades sociales, que intervenga, a través de políticas públicas y presupuesto eficientes y óptimos respecto a las necesidades, para cerrar estas brechas y no retirarse de su papel de benefactor, como pareciera que lo está haciendo al dar la impresión de que los beneficios sociales son menos en lugar de más.

(En la edición 347 de El Semanario, http://www.elsemanario.com.mx/)